LA VENDA EN INTERIOR

Tal vez muchos quieran todavía seguir poniéndose una venda para no ver la realidad de lo que  sucede en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero no por mucho mirar hacía otro lado los problemas se solucionan por si solos; antes al contrario acaban por agravarse e ir deteriorando unas instituciones imprescindibles para el funcionamiento del Estado de Derecho.
Ha sido de nuevo gracias a una denuncia de la AUGC (asociación unificada de guardias civiles) por la que la dirección del instituto armado se ha visto obligada a mover ficha y suspender cautelarmente a un sargento acusado de acosar a una subordinada durante años.
Este caso, junto con otros muchos, nos debería llevar a una profunda reflexión sobre el modelo policial que tenemos y la peligrosa deriva que está alcanzando en los últimos tiempos, con un ministerio de Interior incapaz de afrontar cualquier atisbo de reforma e incapaz de tener reflejos democráticos ante las situaciones tan graves que se vienen produciendo con demasiada frecuencia.
El sargento ahora suspendido y sus subordinada trabajaban en la unidad de atención de violencia de género. Es decir, eran los encargados de atender, facilitar, comprender, y en su caso actuar, en los casos en los que las mujeres maltratadas acudían a pedir auxilio. Se supone que cuando un ciudadano acude a pedir protección a las fuerzas de seguridad, sus integrantes son personas integras y honestas movidas por el afán de servicio público, al menos en la teoría. Como en todo colectivo humano, es posible que de vez en cuando se cuele alguien situado lejos de la ética exigible y entonces es cuando deben funcionar los mecanismos de control para detectar esos comportamientos anómalos y en su caso ponerles fin. Pero aquí y ahora en España, se produce la terrible y perversa  paradoja, de que el que denuncia dentro de los cuerpos de seguridad, el que detecta esos comportamientos y los denuncia se ve desasistido, se le hace con frecuencia el vacío, o incluso se le expedienta.
Un sargento que está al frente de una unidad contra la violencia de género no puede permitirse acosar a una subordinada, obligarla a mantener presuntamente relaciones sexuales y encima obligarla a abortar. ¿Qué garantías puede ofrecer este agente a las mujeres que acuden a poner denuncias por sus dramáticas situaciones? Una agente sometida a ese acoso, incapaz de encontrar ayuda en la propia institución a la que representa  o los cauces adecuados para denunciar su situación, sometida a una situación de miedo y amenazas por parte de su superior, no puede desempeñar su trabajo con equilibrio. Ella también es una víctima y una víctima que trabaja en una unidad cuyo objetivo es ayudar a las mujeres que se encuentren en su mismo caso. Perversa paradoja.
El problema sería menos grave si los encargados de analizar e investigar esta situación hubiesen actuado con diligencia, si se hubiesen atendido las denuncias, incluso de otros compañeros guardias civiles alertando sobre lo que pasaba a esta agente. Pero de nuevo, incomprensiblemente nos encontramos con la sensación de querer tapar, de proteger al verdugo y de acorralar a la víctima. Y esto sucede dentro de unas fuerzas policiales que se supone son democráticas. Algo falla dentro de la guardia civil cuando nos encontramos con estas situaciones cuyo final es siempre el mismo: la víctima se ve obligada a pedir la baja psicológica. Esa férrea disciplina militar, más propia del siglo XIX, que del siglo XXI impide afrontar estos casos con normalidad. No es tan preocupante que haya comportamientos irregulares,- en todas las profesiones loa hay-, como el hecho de que los mecanismos para detectarlos no funcionen y se acaben volviendo contra las víctimas.
Sólo después de la denuncia lanzada por la AUGC la dirección general ha movido ficha. Esa falta de reflejos, esa apatía por atender las quejas de sus subordinados, habla mucho de un sistema estratificado, donde sólo parece contar tener contentos a las élites dirigentes de los cuerpos de seguridad.
Que la gestión del actual ministro en funciones Jorge Fernández ha sido nefasta lo pone de manifiesto la actual situación de su ministerio donde los clanes policiales , las escuchas, las irregularidades en Tráfico, y la utilización de la brigada de asuntos internos para fines no previstos y probablemente ilegales, han ido carcomiendo los cimientos del Estado de Derecho. No sé cuánto más hay que esperar para abordar una remodelación de los cuerpos de seguridad del Estado antes de que de la deriva antidemocrática vayamos al naufragio.